Responsabilidad Civil Derivada Del Delito

La Responsabilidad Civil derivada de delito es una materia, que, a pesar de su importancia, en la práctica judicial suele quedar postergada y situada en un plano secundario, dado que si bien el proceso penal cuenta entre sus funciones principales con la función de protección de la víctima, entendido ello también, como un instrumento útil y eficaz de reparación económica de los daños sufridos por la misma a raíz del delito, en la tramitación diaria de los procesos penales, el objeto principal de los mismos, continua siendo la pretensión penal y tales procesos, desde su iniciación hasta su terminación, se proponen, a través de las diferentes diligencias de instrucción averiguar como se ha producido el hecho delictivo y determinar quien ha sido el culpable del mismo, para, probado ello en el correspondiente juicio, terminar con una sentencia condenatoria o absolutoria; en definitiva se puede afirmar que a pesar de que dentro del proceso penal español, se permite la acumulación de la “acción” o pretensión civil a la penal derivada del delito ex art. 100 de la LECrim, la maquinaria judicial trabaja básicamente para que el Estado actúe el ius puniendi que, con exclusividad, tiene atribuido, puesto que esta materia está presidida por el principio de instancia de parte. Así, sin una actitud decidida del particular dentro del proceso penal, no resulta extraño el olvido de la solicitud de medidas cautelares civiles o la llamada al proceso del responsable civil subsidiario, la falta de apertura de pieza de responsabilidad civil, la falta de ejecución de la responsabilidad civil, la ausencia de ofrecimiento de acciones a alguna de las víctimas e incluso la ausencia de condena civil o la determinación de una condena económica insuficiente.